La investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez está cerca de ingresar en su tramo final y, si las últimas medidas pendientes se concretan en los próximos días, el Ministerio Público Fiscal podría solicitar en un mes la elevación de la causa a juicio para que los acusados sean juzgados en un debate oral. Además de extender por un mes la instancia de la investigación penal preparatoria, la Justicia prorrogó por cuatro meses la preventiva contra Felipe “El Militar” Sosa.

Álvarez fue encontrada sin vida el pasado 8 de enero en un basural de Manantial Sur. Según la teoría del caso de la Fiscalía de Homicidios I que dirige Pedro Gallo, el 7 de enero la joven llegó en un vehículo de Uber hasta la vivienda de Sosa, en Yerba Buena. Entre las 3.50 y las 7, el imputado, aprovechándose de una relación asimétrica de poder, la golpeó con extrema violencia en la zona craneofacial, provocándole un traumatismo craneofacial y cervical que le causó la muerte. Luego habría envuelto los restos de la víctima en bolsas de consorcio y los abandonó en el basural.

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“El Militar” fue imputado inicialmente por homicidio simple el 21 de enero. Sin embargo, el 16 de marzo el MPF agravó los cargos y pasó a acusarlo por el delito de femicidio. En el mismo expediente también están imputados Justina Gordillo, Nicolás Navarro Flores y Jorge Orlando Díaz por presunto encubrimiento, al considerar que colaboraron para ocultar pruebas y facilitar la fuga del principal acusado. Navarro, además, declaró como imputado colaborador y aportó información considerada relevante para la investigación.

Durante los más de seis meses de investigación, la Fiscalía incorporó distintas medidas probatorias que, según sostuvo en la audiencia la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma, fortalecen la acusación. Entre ellas se encuentran la autopsia y un informe complementario que concluye que las lesiones fueron producidas cuando la víctima aún estaba con vida.

También se sumaron informes genéticos que detectaron perfiles compatibles con ADN de Álvarez y de Sosa en las uñas de la víctima, en la cinta utilizada para envolver su cabeza y en la parte interna y externa de la bolsa que cubría el cuerpo.

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A esas evidencias se agregan análisis tecnológicos que correlacionan registros de cámaras de seguridad con datos de antenas de telefonía celular, ubicando a Sosa en cercanías del lugar donde fue hallado el cadáver. También se incorporó un informe contable que reconstruyó los movimientos económicos del imputado después del crimen. Según la Fiscalía, desde el 8 de enero retiró alrededor de $57 millones en efectivo y adquirió una motocicleta KTM, posteriormente transferida a Gordillo, que utilizó para trasladarse hasta Buenos Aires antes de ser detenido.

Durante la audiencia, Brito Ledesma solicitó que la prisión preventiva de Sosa se extienda por cuatro meses al sostener que continúan vigentes los riesgos procesales.

Riesgos en el caso

Respecto del peligro de fuga, recordó que el acusado posee una importante capacidad económica, es propietario de tres empresas, cuenta con formación militar y ya logró escapar hacia Buenos Aires tras el crimen. También mencionó que fue declarado rebelde el 15 de enero y capturado un día después en un hotel de Pilar, además de hacer referencia a audios y mensajes incorporados al expediente en los que el imputado se habría reconocido como “prófugo” y utilizaba palabras en clave para hablar sobre armas de fuego. A ello sumó que afronta otra causa por presunta comercialización de estupefacientes en la Justicia Federal.

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En cuanto al riesgo de entorpecimiento de la investigación, la representante del MPF señaló que los teléfonos celulares de la víctima aún no fueron encontrados y que resulta necesario preservar a los testigos que deberán declarar durante el futuro juicio oral, entre ellos familiares de Érika y empleados de las empresas vinculadas a Sosa.

Brito Ledesma también pidió extender por un mes la Investigación penal preparatoria. Explicó que todavía restan incorporar resultados de algunas pericias, principalmente vinculadas con extracciones de dispositivos electrónicos, además de otras diligencias pendientes. Una vez concluidas esas medidas la fiscalía estaría en condiciones de definir el cierre de la investigación y eventualmente requerir la elevación de la causa a juicio. Los pedidos del MPF fueron respaldados por el querellante Carlos Garmendia.

La defensa de Sosa, integrada por Marcelo Cosiansi y Rubén Nicolás Flores, manifestó que no se oponía a las prórrogas solicitadas, aunque cuestionó distintos aspectos del proceso.

Los abogados insistieron con un informe elaborado por especialistas particulares que habrían notado contradicciones respecto de las conclusiones médicas oficiales y sostiene que la causa y la manera de la muerte no pueden determinarse con certeza.

Duras condiciones

Además, denunciaron las condiciones de alojamiento de Sosa en el penal de Benjamín Paz. Afirmaron que permanece aislado hace seis meses, con restricciones para recibir visitas y acceder a material de lectura y solicitaron que sea trasladado a la Unidad 5 de Villa Urquiza, destinada a integrantes de fuerzas de seguridad, cuando exista una vacante.

La parte acusatoria rechazó el pedido de traslado al sostener que el establecimiento penitenciario aplica los protocolos de seguridad vigentes y recordó que otro magistrado ya se había pronunciado anteriormente sobre esas condiciones.

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Finalmente, el juez Fernando Zóttoli resolvió no expedirse sobre las condiciones de detención ni sobre el eventual traslado al considerar que no correspondían al objeto de la audiencia y que no contaba con informes penitenciarios actualizados para analizar la situación.

En cambio, hizo lugar a los pedidos del MPF y prorrogó por cuatro meses la prisión preventiva de Sosa, hasta el 21 de noviembre, al entender que los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación continúan vigentes. También extendió por un mes la investigación penal preparatoria, cuyo nuevo vencimiento operará el 21 de agosto, y recomendó al MPF concluir las medidas pendientes para definir el requerimiento de apertura a juicio, el sobreseimiento o la adopción de otra salida procesal prevista por la ley.